Las profesiones tituladas van adquiriendo cada vez mayor protagonismo en la articulación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y por ello, su regulación, debe ser acorde con su entidad y presencia total. Dicha regulación debe responder a una premisa de garantía, razón esencial de su existencia y fundamento principal de sus normas reguladores que han de velar por los intereses profesionales, siendo el primero de éstos el servicio a la sociedad.